Sra. Michelle Bachelet

Comisión de la OEA declara admisible caso de lonkos Pichún y Norin

La admisibilidad de la Comisión, da pie al inicio del estudio de fondo del caso, así como a la posible consecución de una “solución amistosa”, en el que el Estado podría en la medida de lo posible, enmendar las violaciones cometidas, y de no hacerlo, ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por Azkintuwe / Jueves 16 de Noviembre de 2006



- Lonkos Aniceto Norin y Pascual Pichun. Foto de Pablo Díaz.

(+) Mapuches anuncian fuerte resistencia a Proyecto de Aeropuerto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible petición contra el Estado de Chile en caso de los Lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún.
La Comisión procederá a la publicación de la decisión en el próximo Informe Anual 2006 de la Organización de los Estados Americanos.
TEMUKO / La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA, declaró admisible petición contra el Estado de Chile, por presunta violación de la Convención Interamericana, en perjuicio de los Lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún.
La petición, busca sancionar al estado de Chile, por la vulneración del debido proceso del que fueron víctimas los Lonkos, producto de la condena de cinco años y un día, por una supuesta amenaza, que el tribunal calificara de terrorista en septiembre del 2003, en el que entre otras irregularidades se utilizaron testigos sin rostro. Producto de la infracción a los derechos contenidos en la Convención, Chile podría resultar condenado por incumplimiento del deber de respeto, garantía y adopción de las medidas legislativas, contenidas en la misma.La admisibilidad de la Comisión, da pie al inicio del estudio de fondo del caso, así como a la posible consecución de una “solución amistosa”, en el que el Estado podría en la medida de lo posible, enmendar las violaciones cometidas, y de no hacerlo, ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Habiéndose notificado al abogado de los lonkos, Jaime Madariaga, la Comisión procederá a la publicación de la decisión en el próximo Informe Anual 2006 de la Organización de los Estados Americanos. "Las puertas están abiertas, pero en principio se parte por la libertad. En caso de no llegarse a acuerdo, probablemente signifique sanciones para el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", expresó el profesional en Temuko.Madariaga señaló que este caso es de fundamental importancia, ya que "las violaciones a lo que establece la comisión es lo que originó la privación de libertad de los lonkos". Indicó además que "ahora vamos a ver un informe sobre el fondo de la materia que ya se denunció, y después de eso vamos a sentarnos a la mesa, dependiendo de la propuesta del Estado chileno, pero la primera cuestión será sin duda exigir la libertad de los lonkos".
Juicio irregular
Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2003, el tribunal oral en lo penal de Angol, Novena Región, anunció la condena a cinco años y un día de cárcel para los lonkos mapuches, quienes tras un maratónico juicio oral, fueron encontrados culpables del delito de realizar "amenazas terroristas" en contra de los propietarios de dos fundos forestales de la Novena Región, aledaños a su comunidad.
La notificación fue realizada por el juez presidente del tribunal, Jorge González, en una audiencia que comenzó a las 11:00 horas y que se extendió por más de dos horas, en medio de un fuerte operativo de seguridad dispuesto por Carabinero. Los lonkos asistieron en compañía de sus abogados y representantes mapuches de diversas comunidades del sur de Chile. Los jueces del tribunal culparon a los dirigentes de realizar amenazas contra los propietarios de los fundos Nancahue y San Gregorio. El 12 de diciembre del año 2001, un incendio afectó la casa del administrador del fundo Nancahue, de propiedad del ex ministro de Gobierno Juan Agustín Figueroa, y cuatro días más tarde, varios focos de incendio se registraron en el predio Forestal San Gregorio. Por ambos hechos y usando testigos sin rostro, los dirigentes fueron finalmente condenados como autores de amenazas.Este fue el segundo juicio oral en contra de Pichún y Norín, quienes anteriormente habían sido absueltos de los mismos cargos, resolución que fue anulada más tarde por la Corte Suprema, por considerar que la sentencia "no reflejó las pruebas que presentaron los afectados por los incendios". Hoy, la Corte Interamericana podría volver todo a fojas cero / Azkintuwe

A 13 años de la Ley Indígena

En más de un siglo y medio de historia nacional nuestros pueblos originarios fueron sometidos a una profunda invisibilidad y sus comunidades arraigadas, despreciadas y discriminadas. Sufrieron la reducción territorial, la fragmentación social y la pérdida de sus territorios, de los cuales eran dueños. Pueblos enteros, incluso, fueron sometidos a diversas formas de extinción y genocidio.
Por Domingo NAMUNCURA* / Viernes 13 de Octubre de 2006



- Michelle Bachelet junto a Consejeros de Conadi. Foto de Archivo.

(+) Exigen a Bachelet apoyar declaración indígena de la ONU I El otro voto de Chile en la ONU
A dos años del informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, Chile no es más rico ni más justo en esta tarea de preservar sus culturas originarias.
Nuestra esperanza es que en el Bicentenario hayamos cumplido plenamente la condición de reconocernos como una Nación multicultural.
El 5 de octubre del 2006 se cumplieron 13 años de vigencia de la Ley 19.253, de los Pueblos Indígenas en Chile. Sus antecedentes se remontan al Pacto de Nueva Imperial de 1989, suscrito entre el entonces candidato presidencial de la Concertación, Patricio Aylwin, en la ciudad de Nueva Imperial, en diciembre de ese año y los representantes de los Pueblos indígenas Atacameños, Aymara, Rapanui y Mapuches. En marzo de 1990, una vez asumido el nuevo Gobierno democrático, el Presidente Aylwin dio paso a la formación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, entidad que estableció los puentes necesarios entre Gobierno, Parlamento y Comunidades indígenas hasta arribar al momento culminante en donde el Congreso Nacional derogó el Decreto Ley 2.568 de la dictadura y aprobó la Ley Indígena actual. Correspondió al Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle la compleja tarea de implementar la Ley y poner en marcha la nueva institucionalidad radicada en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. Con un sentido objetivo de la historia hay que reconocer que el Presidente Frei hizo todo lo necesario para que la Ley, la Conadi y los Pueblos Originarios contasen con los recursos básicos para dar inicio a un trabajo en donde los nuevos Fondos nacionales de Tierras y Aguas y de Desarrollo Cultural pudiesen abrir camino a la solución de antiguas e importantes demandas históricas de tierras y de reconocimiento cultural.
La contribución del Gobierno del Presidente Frei puede verse opacada, sin embargo, por el tremendo impacto que significó la implementación del Proyecto de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío Bío que, en definitiva, significó la des-estructuración de parte importante de la cultura Pehuenche: este hecho marcaría poderosamente las relaciones entre los Pueblos Originarios y su mandato. Posteriormente, en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos se dio un paso sustantivo, cuando el Gobierno convocó a la formación de una Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato. El informe final de esta comisión fue entregado al Presidente en Abril del 2004 y contiene un importante debate nacional acerca de la deuda histórica de Chile con sus culturas originarias, además de formular nuevas políticas públicas destinadas a dar mayor relevancia a los Pueblos ancestrales en el devenir político, social y cultural del país. Gan parte de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato se encuentran pendientes, en parte porque en el 2004 era necesario avanzar en una política de transferencia de tierras que permitiese disminuir las tensiones acumuladas en el sur, entre comunidades indígenas y empresas forestales y en parte, porque correspondería a la nueva candidatura presidencial, del 2005, formular sus propias propuestas para consolidar el camino avanzado. En consecuencia, sólo subsistieron dos medidas políticas complementarias y de gran impacto: el surgimiento del Programa Orígenes y la instalación de una coordinación multisectorial de Gobierno para implementar iniciativas públicas más profundas en la relación entre Pueblos Originarios y Estado. Los Gobiernos de la Concertación han dado un especial impulso a las políticas indígenas. Como nunca antes en la Historia de Chile, nuestras culturas ancestrales cuentan hoy con mejores medidas legislativas, con más recursos para la recuperación patrimonial perdida y más apoyo para proyectos sociales y culturales. De hecho, la Ley 19.253 que celebra el 5 de octubre 13 años de vigencia es la mejor Ley indígena existente en los últimos 40 años de historia. Es más avanzada que la legislación que el Presidente Frei Montalva previó en el marco de la Reforma Agraria de los años 60 y más avanzada que la Ley dictada por el Presidente Salvador Allende en los años iniciales de la década de los 70. La Ley vigente reconoce a los Pueblos Indígenas de Chile como constitutivos y parte integral del patrimonio cultural de la Nación chilena y luego, en sus diversos artículos se desarrollan principios relativos a sus derechos esenciales en materia de tierras y aguas, derechos culturales y de participación, derecho a un etnodesarrollo y al reconocimiento de su cosmovisión. El Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi es el instrumento de mayor relevancia en el proceso de recuperación patrimonial de nuestras comunidades. Entre 1994 y el presente año 2006 unas 400.000 hectáreas han sido parte de procesos de adquisición, transferencia y saneamiento legal de tierras, brindando así una segura protección a las tierras ancestrales. En relación con las aguas, unas 36.000 familias indígenas gozan hoy del privilegio de propiedad de sus aguas y no menos de 60.000 estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria cuentan con una beca de estudios. Estos resultados son mejores que los existentes hace 15 años o hace 50 años. Sin embargo, no son suficientes para dar cuenta de una demanda histórica acumulada. El Informe de Verdad y Nuevo Trato, en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, es nítido para rendir cuenta de las insuficiencias. El mismo mandatario lo dejó claro en su discurso del 16 de abril de ese año: Esto significa respeto por nuestra historia. Porque quien la conozca de verdad, sabe que la identidad y la cultura de los pueblos indígenas no fueron debidamente resguardados tras la conquista y la conformación de la República. En efecto, en más de un siglo y medio de historia nacional nuestros pueblos originarios fueron sometidos a una profunda invisibilidad y sus comunidades arraigadas, despreciadas y discriminadas. Sufrieron la reducción territorial, la fragmentación social y la pérdida de sus territorios, de los cuales eran dueños. Pueblos enteros, incluso, fueron sometidos a diversas formas de extinción y genocidio. Se preguntaba el Presidente Lagos: “¿Qué comunidad, entonces, podemos construir como país si no somos capaces de enderezar la injusticia y no nos reconocemos a nosotros mismos ? Chile será más rico si preservamos la cultura que heredamos y si somos capaces de preservar lo que las culturas indígenas nos han legado. El respeto, la justicia y el reconocimiento de los pueblos originarios son buenos para todos. Fue a partir del Acuerdo de Nueva Imperial que comenzamos a caminar. Si caminamos mejor, Chile será más rico al preservar el legado de nuestros Pueblos originarios y preservarlos al futuro”. Pero el Chile de hoy, a dos años del informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato y de estas palabras del Presidente Lagos en Abril del 2004, no es más rico ni más justo en esta tarea de preservar sus culturas originarias. Persiste aún la negativa conservadora que impide a nuestros pueblos ser reconocidos constitucionalmente en el Parlamento. La derecha mantiene su duda majadera respecto de la sociedad multicultural y ha negado sistemáticamente su aprobación al proyecto de reconocimiento constitucional de nuestros Pueblos. Algo semejante ocurre con la aprobación de la norma 169 de la OIT. Ambas iniciativas permanecen pendientes en el Congreso, a pesar de la voluntad de los Presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet de lograr su aprobación. La discusión con los conservadores no es menor, por cuanto ellos sólo reconocen la condición de “poblaciones indígenas” y no de Pueblos. ¿Podemos enderezar las injusticias cometidas con los indígenas de Chile a lo largo de toda una historia?. Chile es un país racista y discriminador. Una soterrada xenofobia se escapa a veces a torrentes cuando se trata de juzgar la supuesta inferioridad de otras minorías indígenas que se avecinan en nuestras tierras. El Chile liberal y exitoso no quiere ser comparado con las naciones aymara o de descendencia quechua o azteca. Nuestra arrogante europeización y norteamericanización de costumbres no nos permiten apreciar la riqueza de nuestras comunidades y quisiéramos verlas reducidas en su estándar más folklórico o anecdotario. Las injusticias con el mundo indígena son muy profundas: tierras expropiadas sin ley ni piedad; pueblos masacrados; indígenas radicados en las periferias pobres de las ciudades; sujetos de mano de obra barata; sin derechos políticos durante décadas….Sólo con legislaciones avanzadas como las dictadas en los Gobiernos de Frei Montalva, Salvador Allende y Patricio Aylwin se ha brindado más respiro a nuestros indígenas. Las tierras reclamadas en el sur implican reclamos justos y legítimos. La mayor parte de su patrimonio territorial fue usurpado durante el régimen dictatorial de Pinochet quien dictó para tales efectos los Decretos Leyes 2.568 y 2.570. Esas tierras fueron devueltas a antiguos propietarios hacendados o transferidas al Fisco. Luego, fueron enajenadas o vendidas a precio módico a las nacientes empresas forestales. Todo se hizo dentro del marco legal permitido por estos Decretos, pero los indígenas saben que se trató de una forma vergonzosa de expropiación. En los Gobiernos democráticos el Estado ha transferido más de 180.000 hectáreas a comunidades indígenas y otras miles fueron adquiridas y traspasadas con recursos públicos. A decenas de familias reducidas se les ha brindado un subsidio especial para aumentar en unos cuantos metros sus terrenos. La pobreza indígena está asociada a estas injusticias y los esfuerzos de los Gobiernos democráticos no han sido suficientes porque la profundidad de estas injusticias requieren medidas mayores y reparaciones mayores. Quien conozca la Historia de Chile, como dijo el Presidente Lagos, sabe que los derechos indígenas no fueron resguardados. La Ley Indígena, cuyo aniversario celebramos el 5 de Octubre, intenta reparar esta falta. En ese sentido, las conclusiones del “Diálogo Nacional Indígena” que se ha llevado a cabo en el presente año, y que serán entregadas a la Presidenta Michelle Bachelet en una ceremonia prevista en el Palacio de La Moneda, abren caminos de esperanza para seguir avanzando en la ampliación de los derechos culturales y ancestrales. Esto acontece, precisamente, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas ha puesto en su tabla, después de 20 años de debates, el proyecto internacional de reconocimiento a los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo. Si caminamos mejor, dijo Lagos en el 2004, Chile será más rico al preservar sus culturas ancestrales. Nuestra esperanza es que en el Bicentenario del 2010 hayamos cumplido plenamente esta condición de reconocernos como una Nación multicultural, rica en su diversidad y con sus pueblos originarios plenamente reconocidos e integrados como sujetos de derechos. La tarea de la Presidenta Michelle Bachelet es consolidar este camino / Azkintuwe

Una caravana a ratos interminable de buses, jóvenes mapuches chequeando identificaciones y ayudando al desplazamiento de personas y vehículos. Tal era el escenario vivido la tarde de ayer viernes en la Comunidad Ricardo Rayin, sector de Catripulli, distante a dos kilómetros al oeste de la localidad de Quepe y lugar elegido por la Coordinación de Organizaciones Mapuches (COM), conformada por más de 35 organizaciones territoriales y socio-políticas de la VIII, IX y X regiones del sur de Chile, para la realización de un Füta Trawun cuyo objetivo no sería otro que fortalecer la unidad y avanzar en la búsqueda de caminos comunes.

Biólogo marino de Oceana

“Pero si llega cansado un indio de andar la sierra / Lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. / Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero / Pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo” (Gabino Palomares)
Desde tiempos inmemorables las comunidades lafkenches (mapuches de la costa) han habitado el litoral de la VIII, IX y X Región, relacionándose en forma integral con el territorio, en especial con el mar. Esta dependencia no nace sólo de la extracción de los recursos marinos como actividad económica, sino que involucra aspectos culturales y religiosos que se remontan a cientos de años, a antes de la llegada de los conquistadores españoles. Entonces, es fundamental reconocer esos derechos de ocupación desde una perspectiva que incorpore la identidad y las tradiciones de nuestros pueblos originarios, garantizando la exclusividad en la extracción de los recursos pesqueros en sectores acotados y la creación de áreas de resguardo para poder desarrollar actividades religiosas sin conflictos con otros potenciales usuarios del borde costero.
Estas preocupaciones han sido abordadas en foros internacionales, donde se ha destacado la importancia de reconocer y preservar la identidad de los pueblos originarios. La Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) también llamada Declaración de Río, establece 27 principios para promover la cooperación internacional en temas ambientales y de desarrollo sustentable. El principio 22 señala la importancia de las comunidades indígenas y tradicionales en el manejo y desarrollo medioambiental por su conocimiento y prácticas tradicionales y que los Estados deben reconocer y apoyar plenamente esta identidad, cultura e intereses y permitirles participar en el logro del desarrollo sustentable.
Respecto de nuestra realidad, la ley indígena establece: “Es deber de la sociedad en general, y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”. Este fundamento se encuentra en evidente contradicción con la imposición de leyes y la usurpación de tierras, porque el Estado, en vez de reconocer la identidad de nuestros pueblos originarios, ha tratado de incorporarlos a la sociedad sin reintegrar las tierras que les fueron usurpadas.
En la polémica Ley Corta de Pesca no se incorporaron los pueblos originarios, pese a que una fracción del mundo indígena está ligada a la costa y a procesos productivos que en ella se desarrollan. Al respecto, las únicas áreas de resguardo consideradas por la norma se refieren a las áreas de manejo, los parques y las reservas marinas.
En todos los casos, no se consideran las prácticas culturales y religiosas indígenas ni mucho menos los derechos históricos derivados del uso ancestral de los recursos litorales. Es necesario el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, su cultura, sus derechos históricos y sus principios de autonomía y autogestión, en concordancia con la ley indígena, donde se establece que el Estado tiene la obligación de promover estas culturas, que forman parte del patrimonio de la nación.